La senadora nacional Nora Giménez ratificó hoy su acompañamiento a la doctora Miranda Ruiz, en su pedido de anulación de la causa que le fue iniciada por la Justicia de Tartagal luego de que facilitara a una joven gestante el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
En los últimos días se supo que el fiscal del caso, Gonzalo Vega, desestimó la acusación inicial contra la médica, que era haber realizado el aborto sin atenerse a las condiciones previstas en la ley que habilita la ILE. Por esa acusación Miranda Ruiz estuvo detenida. Insólitamente, el fiscal señala ahora que la imputación es por otro supuesto delito: el de a ver practicado el aborto sin el consentimiento de la gestante, de 21 años. Lo más absurdo es que el juez de Garantías N°2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, rechazó el pedido de nulidad del fiscal y le ordenó seguir adelante con la acusación de un delito que el propio fiscal admitió que no se cometió.
Por otra parte, la defensa de la médica de Tartagal advirtió al tribunal que el accionar del fiscal va en contra del Código Procesal Penal de Salta, que señala que “nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifiquen su calificación legal o se afirmen nuevas circunstancias”, con lo que la acusación que ahora impulsa el fiscal no podría prosperar y la causa se encamina al sobreseimiento.
Desde que tomó conocimiento del caso, Nora Giménez promovió activamente el desprocesamiento de la doctora Ruiz. Desde el Senado de la Nación promovió un proyecto de Declaración que obtuvo dictamen de la Comisión Banca de la Mujer, en el que se pedía a la Justicia de Salta “la aplicación sin restricciones de la ley nacional 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)” y poner fin a la criminalización de este caso.
Durante una visita a Tartagal, además, dialogó con la médica y conoció los pormenores de la causa, en la que llama la atención que ella es la única imputada pese a que la práctica del aborto fue practicada por un equipo multidisciplinario. Cabe señalar que Miranda Ruiz es la única médica que no es objetora de conciencia en su hospital.
Finalmente, la senadora Giménez planteó la necesidad de que haya celeridad en la resolución de este caso, que es testigo para el país en materia de ILE.
